martes, 14 de septiembre de 2010

El Imperio de Agustín de Iturbide

El periodo en la vida política de México independiente que corre del triunfo del movimiento trigarante (27 de septiembre de 1821) a la proclamación de la primera república federal (20 de diciembre de 1823), estuvo dominado por la actividad de los políticos provinciales de todo el país, a quienes la constitución española dotó de los instrumentos aptos para la acción, que fueron el ayuntamiento y la diputación provincial.

En febrero de 1822, la junta Provisional Gubernativa expidió la convocatoria para que se reuniera el Congreso constituyente que daría cumplimiento al Plan de Iguala, y fue ésta la oportunidad para que los grupos prominentes de cada provincia eligieran a los diputados que representarían sus intereses en el Congreso Nacional. Por primera vez en la historia de esta sociedad, los grupos provinciales tenían representación para alegar en favor de sus intereses y participar de alguna manera en las decisiones que afectarían toda la nación. El Congreso quedó instalado el día 24 del mismo mes, y es de notar que desde la primera sesión los políticos provinciales reclamaron para el Congreso la soberanía nacional que detentaba la junta Provisional Gubernativa.
Había tres tendencias principales entre los diputados constituyentes:
Los Borbonistas, que deseaban ver en el trono mexicano a un príncipe de la casa de Borbón; Es decir a quienes quería que todavía gobernara un rey español.
Los Iturbidistas, que querían coronar a su líder Agustín de Iturbide.
Los Republicanos, que rechazaban el Plan de Iguala y querían implantar el régimen republicano.
A finales de febrero, las cortes españolas repudiaron el Tratado de Córdoba, con lo que quedó eliminada la opción de traer un príncipe español, y quedó definitivamente consumada la separación política entre México y España.

En mayo de 1822, por medio de motines y de presiones militares, Iturbide se hizo del trono con el título de emperador de México, e inició su gobierno en pugna con el Congreso, al que disolvió, y dispuso el encarcelamiento de los diputados que se oponían al caudillo. Surgieron varias insurrecciones en las provincias, que fueron sofocadas por el ejército, excepto la que encabezó Antonio López de Santa Anna en Veracruz, pues este militar llegó a un entendimiento con el general Echávarri, quien comandaba las fuerzas imperiales que lo combatían. Por acuerdo de ambos jefes se proclamó el Plan de Casa Mata el 1º de febrero de 1823, que desconocía el Imperio y pedía la reunión de un nuevo Congreso constituyente. Los sublevados enviaron su propuesta a las diputaciones provinciales y solicitaron su adhesión. En el curso de sólo seis semanas el Plan de Casa Mata había llegado a lugares remotos, como Texas, y se habían adherido casi todas las provincias. En cuanto una diputación provincial aceptaba el Plan de Casa Mata, se retiraba de la obediencia al gobierno imperial y asumía la actitud de poder soberano dentro de su provincia. Agustín de Iturbide quedó aislado sin más apoyo que la ciudad de México y algunas fracciones del ejército, por lo que reinstaló el disuelto Congreso constituyente, abdicó a la corona y se expatrió en marzo de 1823.

Un aspecto muy interesante de estos acontecimientos fue la conjunción de las ideas e intereses de los políticos provinciales, que pareció responder a un acuerdo anterior entre ellos. Lucas Alamán, quien fuera testigo presencial de los hechos, sugiere que en todo este movimiento hubo la decisiva intervención de las logias masónicas, sólidamente establecidas en las provincias, que actuaron como transmisoras de la información y unificadoras de los criterios políticos.

Destruido el Imperio de Iturbide, las provincias autónomas nombraron nuevos diputados al segundo Congreso constituyente, muchos de los cuales llegaron con la instrucción de pugnar por el establecimiento de un régimen republicano que protegiera la autonomía que, de hecho, las provincias ya habían logrado. Así el 20 de diciembre de 1823, estas diputaciones provinciales votaron por la implantación de la república federada.

Entre la abdicación de Iturbide y la aceptación de la república federal ocurrieron en el noroeste algunos sucesos que fueron la expresión de la situación política que se. Al menos desde mediados del siglo XVIII, hubo en la región quienes opinaran que el territorio de la gobernación —y después de la intendencia— era demasiado grande para que lo atendiera un solo gobierno, así que proponían su división en dos provincias, la de Sonora y la de Sinaloa, para que se rigieran de manera separada. Estas ideas se debatieron nuevamente en 1822 y 1823, tanto en el noroeste como en la capital, de modo que llegaron al primer Congreso constituyente, ya reinstalado, el cual decretó la separación de Sonora y Sinaloa el 19 de junio de 1823 y autorizó la elección de sendas diputaciones provinciales, la de Sonora con sede en Ures y la de Sinaloa con residencia en Culiacán, que en esta coyuntura fue declarada ciudad.
Al mismo tiempo que la separación de las provincias de Sinaloa y Sonora, ocurrió un movimiento que trató de unir a las dos provincias en una sola entidad. Tal fue el proyecto que propuso e impulsó el coronel Mariano de Urrea, quien llegó al noroeste a fines de junio de 1823 con el nombramiento de jefe político superior y comandante general expedido por el gobierno de México. En ese momento numerosas provincias del extinto Imperio mexicano se erigían en soberanas y se declaraban estados independientes para forzar al segundo Congreso constituyente a que optara por la república federada como forma de organización política.

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/sinaloa/html/sec_70.html

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