jueves, 24 de febrero de 2011

El voto y los derechos políticos de las mujeres en México.

El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Esto fue el resultado de un largo proceso que había comenzado muchos años atrás.

Durante la Revolución Mexicana, la incorporación de las mujeres fue importante, no sólo como acompañantes de los hombres y realizando sus tareas tradicionales (lavar, cocinar y cuidar a sus hijos, entre otras), sino que también tuvieron actividades militares. Se dedicaron a difundir ideas revolucionarias, fueron espías, correos y enfermeras, consiguieron ayuda para la población civil y colaboraron en la redacción de proyectos y planes. Realmente fue una contribución activa e importante. Tradicionalmente se ha dicho que las que participaron, lo hicieron para ayudar a sus hijos y esposos, que su lucha fue callada y desinteresada, pero es muy probable que ellas hayan sentido que su situación mejoraría en el momento que las cosas cambiaran en el país. A fines de 1916, Hermila Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza, envió al constituyente un escrito en el que solicitó los derechos políticos para las mujeres argumentando lo siguiente:

“Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es, que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres: la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón”.

Eran argumentos coherentes con el liberalismo político del constitucionalismo que, en las Adiciones al Plan de Guadalupe de 1914, se había comprometido a: “asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos y la igualdad ante la ley”.

Sin embargo, al redactarse la Constitución de 1917 nos encontramos con que, al discutirse la petición, se decidió -sin mucha discusión- negar a las mujeres los derechos políticos.

Nos podemos dar cuenta que era a los legisladores, a quienes no les interesaba que las mujeres obtuvieran el derecho a votar ya que temían que con “el avance de la civilización”, las mujeres se interesaran por asuntos ajenos a sus hogares y sus familias y los abandonaran, por eso había que mantenerlas fuera del juego democrático. Por un lado, les negaron el derecho al sufragio, y por otro, no hubo una propuesta consistente para sacarlas fuera del círculo restringido del hogar y educarlas políticamente. Esta postura generará una pérdida histórica respecto a la educación cívica de las mujeres y se reflejará en el futuro comportamiento electoral y en su pasividad en el ámbito político.

De esta forma, la negación del sufragio femenino basada en la supuesta incapacidad de las mujeres para el ejercicio ciudadano, fue una argumentación parcial que no consideró que parte de la población masculina tampoco tenía una educación cívica suficiente como para ejercer la ciudadanía con plena conciencia.

Así, el Artículo 34 de la Constitución quedó redactado de la siguiente forma:

“Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son y

II. Tener un modo honesto de vivir”.

El 23 de enero de 1917, el artículo se redactó en masculino; las mujeres fueron omitidas, es decir, no fueron tomadas en cuenta en la redacción. Tres días después, el día 26, en la sesión del Congreso constituyente, Félix Palavicini advertía del peligro que implicaba esta omisión:

“El dictamen dice que tienen voto todos los ciudadanos, está el nombre genérico; esta misma redacción tenía la adición que existe en la Constitución del 57 y que se conserva hoy, y yo deseo que aclare la Comisión en qué condiciones quedan las mujeres y si no estamos en peligro de que se organicen para votar y ser votadas”.

Y tenía razón, porque justamente de esto se valió Hermila Galindo para postularse como candidata a diputada en 1918, y a pesar de que se dijo que había obtenido la mayoría de los votos, el Colegio Electoral no se lo reconoció. Ella sabía que eso sucedería, pero era la manera de desafiar, en los hechos, a la ley, y además mostrar a la opinión pública lo injusta que era esa situación para las mujeres.

Algunas mujeres que lograron puestos políticos en los años 20.

Después de la promulgación de la Constitución, durante los años veinte hubo algunos intentos de otorgar a las mujeres el derecho al sufragio. En este sentido, entre 1923 y 1925 en Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas se concedió la igualdad política para las mujeres para votar y ser votadas, lo que hizo que varias se convirtieran en diputadas. Sin embargo, esta experiencia duró poco, sólo el tiempo que estuvieron en el poder los gobernantes que las postularon.

Yucatán fue el primer estado que reconoció el sufragio femenino, tanto en el ámbito municipal como estatal, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto (1922-1924). Así, en 1923, hubo tres mujeres electas para diputadas al congreso estatal: Elvia Carrillo Puerto -hermana del gobernador-, Raquel Dzib y Beatríz Peniche de Ponce; además Rosa Torre fue electa para regidora en el ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, cuando el gobernador murió asesinado en 1924, las cuatro tuvieron que dejar sus puestos.

En San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925. Sin embargo, durante el gobierno de Rafael Nieto la ley había sido derogada (1926).

En Chiapas, se reconoció el derecho a votar a las mujeres en 1925.

Para finales de la década –en 1929–, con la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), se redactó su Declaración de Principios y en su primer punto decía: “…ayudará y estimulará paulatinamente el acceso de la mujer mexicana a las actividades de la vida cívica…”. De esta manera, las mujeres podían suponer que en un futuro podría haber un cambio en la posición gubernamental en relación a su participación en la vida cívica del país. Ese cambio no se dio sino hasta la segunda mitad de los años treinta, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando el tema volvió a tomarse en cuenta.

La etapa del Presidente Lázaro Cárdenas.

El cardenismo implantó un proyecto político nacional cuyo interés era relacionarse de manera peculiar con los sectores sociales, permitiéndole enfrentar los problemas básicos que tenía el país con un margen importante de éxito.

Este proyecto nacional contempló la creciente intervención del Estado en la vida económica y social, la recuperación de los recursos básicos que tenía el país que estaban en manos de los extranjeros, la reforma agraria y la organización amplia de los trabajadores. Para desarrollar este proyecto, era necesario lograr un amplio consenso y compromiso popular, de ahí que se diera capital importancia a las acciones de los trabajadores, guiadas y conducidas por el gobierno.

En este contexto se formó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) constituido formalmente en 1935 y que llegó a contar con 50 mil mujeres afiliadas. Hubo mujeres de diferentes profesiones y tendencias: intelectuales, profesionistas -maestras sobre todo-, obreras, mujeres pertenecientes a diversos sindicatos y partidos políticos, veteranas de la Revolución, “feministas de izquierda y de derecha, simples liberales, católicas y del sector femenino del PNR, callistas y cardenistas”. Esta diversidad conseguida por el Frente se debió a que si bien su demanda principal era alcanzar el derecho al voto, en su programa había otros puntos que hacía que se acercaran mujeres de las más diversas tendencias.

Por cuestiones de clases sociales, lo más importante para las mujeres reunidas en el Frente, fue el voto, ya que las otras demandas no lograron conciliarlas. Así, a partir de 1937 el FUPDM se mantuvo estructurado fundamentalmente en torno a una sola demanda: el derecho al sufragio.

En 1937 Cárdenas afirmó que: “En México el hombre y la mujer adolecen paralelamente de la misma deficiencia de preparación, de educación y de cultura, sólo que aquel se ha reservado para sí derechos que no se justifican”. Ante esta declaración las mujeres organizadas nombraron a Soledad Orozco (miembro del PNR) como candidata a diputada por León, Guanajuato y a Refugio García (integrante del FUPDM) por Uruapan, Michoacán. Esto causó revuelo ya que se declaró que para que ellas pudieran participar en las elecciones, era necesario reformar primero la Constitución. Las mujeres del Frente se movilizaron: organizaron mítines, manifestaciones, conferencias, llegaron a amenazar con quemar el palacio nacional y también iniciaron una huelga de hambre frente a la casa del presidente Cárdenas. Ante esta presión, en agosto de 1937, él prometió enviar al Congreso una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 constitucional.

El 1º de septiembre en su Informe al Congreso, el mandatario defendió su propuesta argumentando que las mujeres no sólo habían alcanzado ya una igualdad en los aspectos civil, económico y educativo con respecto a los varones, sino que, justamente gracias a esta situación de igualdad, las ideas revolucionarias se habían arraigado tanto en la conciencia de los ciudadanos, que no existía el peligro de que las fuerzas conservadoras del país, ejercieran una influencia peligrosa en las mujeres.

Por otro lado, defendía la supuesta ignorancia femenina para decidir sobre las luchas democráticas, criticando a los hombres que se olvidaban de su propia ignorancia cuando llegaba
el momento de juzgar la de la mujer.
La iniciativa pretendió que el artículo estableciera:

“Son ciudadanos de la República todos los hombres y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son y

II. Tener un modo honesto de vivir”.

En los considerandos que envió Lázaro Cárdenas junto con la iniciativa, repitió los conceptos que expuso ante el Congreso, manejando básicamente la idea de que el voto debía otorgarse a las mujeres para que éstas ocuparan un plano de igualdad con los hombres, pues lo habían ganado por su participación en las actividades del país.

La iniciativa se turnó a la Cámara de Diputados y se aprobó de inmediato por unanimidad. Los diputados enviaron el dictamen aprobatorio de la iniciativa presidencial a los senadores quienes también la aprobaron, y para diciembre del mismo año de 1937 se envió a las Legislaturas de los estados donde se aceptó en septiembre de 1938. El trámite estaba por terminar, faltaba solamente la declaratoria correspondiente y la publicación en el Diario Oficial.

Cárdenas empezó a recibir felicitaciones de grupos nacionales e internacionales; las mexicanas empezaron a dar por un hecho su calidad de ciudadanas, estaban encantadas y se convirtieron en propagandistas del proyecto político de Cárdenas y en sus aliadas.

Al parecer, todo estaba listo, en cualquier momento se publicaría el decreto en el Diario Oficial, pero el trámite no prosperó, se pospuso durante todo el periodo.

Por una parte, se temió que se repitiera la experiencia española de 1933 cuando las mujeres votaron por primera vez y le dieron el triunfo al grupo conservador. Por otra, al cancelarse la posibilidad de continuidad de la política cardenista encarnada por Francisco J. Múgica, al ser elegido como candidato por el PRM para el próximo periodo presidencial Manuel Ávila Camacho, el trámite para otorgar a las mujeres el derecho al voto se detuvo.

Probablemente, en esos momentos no le convenía al partido oficial que las mujeres votaran en las siguientes elecciones porque supusieron que ellas, tradicionalmente católicas e influidas por la Iglesia, apoyarían al candidato del Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), el general Juan Andrew Almazán, opositor de Ávila Camacho. Las fuerzas progresistas no habían hecho un trabajo intenso con las mujeres, en cambio la derecha demostró esta preocupación que se reflejó en el gran número de amas de casa que apoyaron a Almazán, y convencieron a los hombres de sus familias de hacerlo.

Era una época en la que hubo muchísimos acontecimientos en poco tiempo: la expropiación petrolera, la proximidad de la segunda guerra mundial, la creación del Partido Acción Nacional (PAN); puede ser que todas, en conjunto, le hicieran aplazar la decisión de otorgar el derecho al voto a las mujeres.

En los primeros meses de 1938, el gobierno de Cárdenas llevó a cabo dos de las medidas más importantes del sexenio, que le permitieron profundizar su política y darle funcionamiento al modelo político y económico diseñado para la nación. Estas medidas fueron la expropiación petrolera y la transformación del PNR en PRM (Partido de la Revolución Mexicana). Cárdenas propuso que las mujeres se afiliaran a ese instituto político, lo que les hizo pensar que una vez incorporadas al partido oficial les otorgarían, finalmente, el voto. Pero las mujeres que se integraron a este proyecto fueron controladas mediante su ingreso a cada uno de los sectores como miembros del grupo.

Además, se impuso como dirigentes sectoriales a mujeres que no contaban con el apoyo del conjunto: en el sector campesino nombraron a Josefina Vicens, en el obrero a Estela Martín, en el militar a Lucina Villareal y en el popular a Estela Jiménez Esponda. A partir de este momento cada sector se ocupó exclusivamente de su grupo, a diferencia de aquellas épocas en que las dirigentes femeniles de la CTM, la CROM, de la CGT, peleaban por todas las mujeres. Así fue como el PRM, retomó el control de la organización femenil, debilitándose automáticamente el Frente Único Pro Derechos de la Mujer en un momento, además, en que el PCM vivía una crisis de disidencia y de pugnas internas. El gobierno, como lo hizo con otros grupos, dividió al movimiento femenil y lo incorporó a la política partidista con el fin de institucionalizar su acción.
De esta manera, al final del periodo cardenista, las mujeres organizadas se quedaron sin el derecho al voto, sin fuerza y sin una organización propia que levantara sus demandas específicas, porque al integrarse al PRM sus peticiones quedaron postergadas, porque las mujeres se alistaron como miembros de un grupo y no como género subordinado.

Durante los años siguientes, algunas mujeres publicaron artículos valientes en los que mostraban su decepción, pero la más persistente en la lucha en pro del sufragio femenino fue Esther Chapa, quien cada año -y durante 22 años- al empezar las sesiones del Congreso enviaba una carta solicitando el derecho al voto para las mujeres.

A pesar del descalabro sufrido en el periodo cardenista, las mujeres del PRM se sumaron a la designación de Ávila Camacho aceptando el papel que éste les asignaba dentro del hogar, aunque sin abandonar su petición de derechos políticos para todas las mujeres.

A partir de los años cuarenta, el movimiento de lucha por obtener derechos políticos, en lugar de consolidar su fuerza con las bases y de reforzar la movilización social, se apoyó en las autoridades, principalmente en la figura del presidente de la República, a la espera de que éstas hicieran suya la demanda del voto.

Por otro lado, también en los años cuarenta, algunos organismos internacionales comenzaron a trabajar para que las mujeres americanas alcanzaran el derecho al sufragio en un ambiente en que se perfilaba la libertad de los países y de los hombres, incluidas las mujeres.

Para mediados de 1945, el candidato para el próximo periodo presidencial era Miguel Alemán. Durante su campaña, fue muy claro el cambio de las mujeres en la forma de pedir el derecho al voto: el 27 de julio de ese año organizaron un mitin en la Arena México en apoyo al candidato y en él le solicitaron el derecho al voto. Miguel Alemán ofreció otorgárselos en el ámbito municipal ya que él decía que quería construir un México moderno en el que era preciso igualar a los hombres y mujeres ya que el modelo de modernidad así lo exigía. En su discurso quedaba claro que otorgar el voto municipal a las mujeres no ponía en riesgo su papel en el hogar porque se entendía que administrar el municipio era como organizar una casa más grande. Ya en el poder, Miguel Alemán cumplió su promesa y envió al Congreso la iniciativa para modificar la fracción I del artículo 115.

Comenzó el trámite y la iniciativa se envió a los legisladores; la discusión fue rica porque dos de ellos, del Partido Acción Nacional (PAN), generaron controversia. Aun cuando en el discurso oficial y en los medios políticos se planteó la necesidad de modernizar el país, aterró la idea de la mujer moderna, autónoma y con preocupaciones e intereses propios. La consigna era que el país se modernizara pero que las mujeres siguieran en sus papeles tradicionales de madre, esposa y ama de casa y que además contemplaran y admiraran al jefe del hogar.

A pesar de que las intervenciones que siguieron fueron a favor de la iniciativa. El mismo Alemán aclaraba que se trataba de un puesto más administrativo que político, es decir, no era una función con carácter ideológico, sino más bien concreta y local, por lo tanto entrañaba menos riesgo que el otorgar de una vez los derechos políticos plenos. Reiteradamente los dirigentes y las autoridades apelaban a los altos valores morales de las mujeres, que las alejaban, supuestamente, de la corrupción.

El 17 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 115 de la Constitución y de esta manera Miguel Alemán se presentó con una imagen de modernidad, con una imagen democrática porque con esta medida, se fortalecía el sistema federal y además se les daba un lugar a las mujeres en la vida política del país. Por otro lado, México entraba al grupo de las naciones avanzadas y democráticas en donde las mujeres ya eran ciudadanas. El primer paso estaba dado y las mujeres comenzaron a participar activamente en la vida política de los municipios y en general en todos los aspectos de la vida pública.

Una de ellas, Amalia Castillo Ledón, comenzó a destacar mucho no sólo al interior del país sino también en el extranjero: primero se convirtió en vicepresidenta y después en presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, organismo que, entre otras cosas, luchaba por obtener el voto de las mujeres de América Latina.
Amalia Castillo Ledón y el presidente Adolfo Ruiz Cortines.

Sin embargo, no hay que perder de vista que aunque se habían abierto algunos espacios y las mujeres se habían integrado a ellos, el hecho de que un número reducido de mexicanas accedieran a tales instancias, no significaba que no siguieran subordinadas como género y con muy pocas posibilidades de integrarse masivamente a la vida pública, como lo revelan los datos del censo de esa época. Cuando Adolfo Ruiz Cortines fue elegido candidato por el PRI para el próximo periodo presidencial, las mujeres priístas –encabezadas por Margarita García Flores, dirigente femenil del partido—, organizaron una asamblea en la que le solicitaron la igualdad de derechos políticos para las mujeres. Fue una reunión enorme realizada en el parque deportivo 18 de Marzo, a la que asistieron, según las fuentes, más de veinte mil mujeres priístas. Nos da la impresión que el partido les organizó esa reunión porque al gobierno le interesaba que ellas le solicitaran el derecho a votar y ser votadas para cargos de elección popular.

Por otro lado, por esos mismos meses (primer semestre de 1952) la señora Castillo Ledón vino a México para: “… trabajar en la unificación de las mujeres del país, que me ha encomendado tanto el presidente Alemán, como el señor Ruiz Cortines”. Entre enero y marzo de 1952, la señora Castillo Ledón sostuvo una entrevista con el entonces candidato a la presidencia en la que él le pidió que le entregara un documento firmado por miles de mujeres en donde solicitaran el derecho a voto, afirmándole que él quería otorgarlo pero necesitaba que fueran ellas las que se lo pidieran.
Para realizar esta tarea doña Amalia creó la Alianza de Mujeres de México bajo la protección de Ruiz Cortines y del aún presidente Miguel Alemán; esto era fundamental y es seguro que por eso tuvo el éxito que no tuvieron los otros organismos creados años antes con la misma finalidad. La Alianza logró su objetivo y le entregó al candidato el documento solicitado con quinientas mil firmas.

En aquella asamblea organizada por las mujeres priístas en abril de 1952, Adolfo Ruiz Cortines marcó su posición con respecto a las mujeres. Consideró que debían participar en política no por un sentido de justicia, sino porque desde su hogar ayudarían a los hombres, resolverían con abnegación, trabajo, fuerza espiritual y moral, problemáticas tales como la educación y la asistencia social. Así participarían en las campañas de alfabetización, contra la carestía de la vida, por el incremento de la producción y la resolución de problemas como habitación, alimentación, vestido, medicinas, es decir, todo lo que solucionaban cotidianamente las madres, las esposas y las amas de casa mexicanas.
Su importancia radicaba, entonces, en ser madres y esposas abnegadas y morales, cualidades que eran, para Ruiz Cortines, las “femeninas” por excelencia; para él era invisible la participación de las mujeres en las luchas obreras y campesinas. Jamás se refería, por ejemplo, a la participación femenil durante el cardenismo. El ámbito político era de los varones, ellas sólo ayudarían. Él estaba dispuesto a otorgarles el voto, reforzando los valores más tradicionales respecto a ellas porque se trataba de que las mujeres participaran en la vida nacional pero mediante una “política femenina”, encauzada por el partido oficial. Sin embargo es importante mencionar que los contendientes de Ruiz Cortines también plantearon la posibilidad de otorgar el derecho al sufragio para las mujeres, aunque había algunas diferencias de enfoque.

El 1º de diciembre de 1952, Adolfo Ruiz Cortines tomó posesión de la presidencia.

Con la concesión del derecho al voto, daba respuesta de alguna manera a la inconformidad de las mujeres y, al mismo tiempo, no afectaba al sistema, pues ellas seguirían bajo el control político e ideológico del partido oficial, además las dejaría circunscritas a actividades pertenecientes al ámbito doméstico.
Otorgar el sufragio a las mujeres, le permitía ganar popularidad no sólo entre las mujeres, sino entre el pueblo en general, ya que había prometido solucionar los asuntos no resueltos en regímenes anteriores, y éste era uno de ellos.

Por otro lado, esto distraería de alguna manera la atención del pueblo sobre el encarecimiento del costo de la vida registrado en esos momentos, y mantendría la estabilidad del país, resquebrajada después del violento sometimiento de los partidarios de Miguel Henríquez Guzmán.

La medida también contribuiría a crear la imagen progresista que se proponía otorgar a su régimen, dar la sensación de que se iniciaba una nueva era para México. Obtendría así, una victoria política. A su vez, era importante entrar al concierto de las naciones modernas donde las mujeres tenían ya los derechos políticos. Obviamente, la presión internacional había influido para que el nuevo presidente se decidiera a dar el derecho al voto a las mujeres.

Con el reconocimiento de los derechos políticos a las mujeres, se atrajo a un mayor número de votantes. Las mujeres, agradecidas, podían convertirse en incondicionales del régimen, lo cual era importante porque en las elecciones de 1952, la oposición había alcanzado un porcentaje alto en las votaciones: el PRI necesitaba fortalecerse. Con las mujeres el PRI efectivamente aumentó el número de sus afiliados, al sistema político mexicano le redituó conceder el voto a las mujeres para consolidarse plenamente. Las mujeres entraron legalmente a formar parte de la vida pública con una conducta pasiva frente a la política de México.

Se les dio el voto en un contexto en donde no había libertades democráticas. En un contexto en el que no había voces disidentes que cuestionaran la función de las mujeres como esencialmente familiar y privada, éstas obtuvieron el voto.


Apenas estamos por celebrar sesenta años de ese momento. Pero la sociedad debe reconocer que la vida de muestro país a mejorado al poder participar las mujeres en la decisiones que se toman más allá dle ámbito familiar. Ahora las que son niñas podrán crecer para ejercer ese derecho como lo hacen las mujeres mayores, las que en esos tiempos eran bebés o niñas.

Si queremos que algo mejore, debemos participar para lograrlo.

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